- Especialmente en los relativos a la internacionalización, la innovación y la gestión de los derechos de propiedad industrial
- La reducción de cargas administrativas a las empresas en los últimos años ha permitido un ahorro de 21.415 millones de euros
- Las propuestas de los empresarios y emprendedores sobre el contexto burocrático permite mejorar la calidad de la legislación e impulsar la competitividad empresarial
La Cámara de Comercio de España y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han renovado su colaboración para la reducción de cargas administrativas soportadas por las empresas en el ejercicio de su actividad.
En particular, el acuerdo de colaboración para el año 2015 se centra en la simplificación de trámites en ámbitos clave para la competitividad empresarial, como son la gestión de la marca y la propiedad industrial, la importación y la exportación, o la innovación. Las medidas se acompañarán de la correspondiente estimación del ahorro derivado de su implantación, la normativa a modificar y el organismo público directamente vinculado.
Actuaciones previstas
Para identificar las trabas y la concreción de las propuestas se desarrollarán jornadas con empresarios y emprendedores en distintos puntos de la geografía española. En ellas, tendrán la oportunidad de trasladar directamente a la Administración cuáles son las barreras burocráticas más importantes que encuentran y sus propuestas de solución. Además, se contará con el apoyo de expertos y especialistas en internacionalización, innovación y derechos de propiedad industrial, para conocer sus análisis y propuestas.
Por otra parte, la Cámara de Comercio de España se compromete a difundir entre el tejido empresarial español las actuaciones emprendidas por las Administraciones Públicas para la reducción de las trabas existentes, y consolidar los canales de información y colaboración entre las empresas y la Administración General del Estado a través de la red territorial de las Cámaras de Comercio.
Ahorro de costes
La reducción de las cargas administrativas soportadas por las empresas y la mejora de la regulación económico-empresarial son cuestiones de particular impacto sobre la competitividad de la economía. No obstante, es imprescindible seguir avanzando en este objetivo en aras a consolidar la recuperación de nuestra economía, estimular la actividad empresarial e impulsar la competitividad de España en el plano internacional.
Gracias a la política de simplificación administrativa, los ahorros conseguidos a lo largo de los últimos años en las relaciones entre las empresas y las Administraciones Públicas se elevan a un total de 21.415 millones de euros.
