Nuevos profesionales en mediación resolverán conflictos de manera ágil, económica y eficaz

Hoy se ha clausurado el curso de Mediación del Consejo Superior de Cámaras “Retos y prácticas en Mediación civil y mercantil”. Con este curso, 13 profesionales de Cámaras -dos de ellos de la de Huesca- podrán ejercer de mediadores en la resolución de conflictos. Estos nuevos profesionales reducirán de 548 a 88 días la duración media de los litigios, es decir, de una manera cinco veces más rápida. Además, a través de la mediación, se evitará el juicio en cuatro de cada diez pleitos.
También, la mediación supone beneficios económicos para las partes en el litigio. Según datos del Banco Mundial, elaborados en 2012 en el ámbito Europeo, la mediación resulta un 76%  más barata que la justicia ordinaria.
A través de estos cursos, el objetivo de las Cámaras es el de formar a profesionales especializados en Mediación mercantil con los requisitos que establece la normativa estatal y que pueden inscribirse en el Registro de mediadores especializados de las Cámaras.
La Mediación es uno de los grandes retos de las Cámaras, al tratarse de una fórmula de resolución de conflictos adaptada a las necesidades de las empresas. En este sentido, la Ley 5/2012 de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, supone un significativo avance para alcanzar una justicia moderna y eficiente.
En este sentido, las Cámaras consideran que para las empresas resulta especialmente importante poder resolver de «manera rápida» los conflictos, dado que en la actualidad los procesos judiciales se alargan en el tiempo, lo que provoca un «lastre» en el tejido empresarial y  la Mediación puede servir, para solucionar estos conflictos y dar una respuesta adecuada en pugnas y enfrentamientos, sin necesidad de acudir a la tortuosa vía judicial.
Servicio de Mediación de las Cámaras de Comercio
La mediación es una vía de resolución de conflictos pacífica y fuera de los tribunales de justicia. A través de este servicio se evita la vía judicial, con el consiguiente ahorro de costes en términos monetarios y de tiempo para las empresas.
El Servicio Cameral de Mediación se implanta de forma homogénea en todo el territorio nacional, y se caracteriza por su sencillez, voluntariedad y la disposición de un equipo técnico de mediadores perfectamente cualificados y homologados por las Cámaras.
El procedimiento garantiza la plena igualdad de oportunidades, la confidencialidad y el respeto hacia los puntos de vista de cada parte, para que las empresas encuentren una solución amistosa y flexible a sus diferencias, sin que sus relaciones comerciales se vean necesariamente alteradas. Para ello, se ha llevado a cabo una selección de un elenco de mediadores rigurosamente formados; y se dispone de un reglamento que describe los pasos esenciales para garantizar un servicio eficaz, ágil y con unas tarifas muy competitivas.
La función de mediación y arbitraje ha estado presente en las leyes de bases de las Cámaras de Comercio de 1911 y 1993, consolidándose como una actividad habitual de estas instituciones.
Desde 1993, las Cámaras cuentan con una red de más de 40 Cortes y Tribunales de Arbitraje, junto con la Corte Española, adscrita al Consejo Superior, se han convertido en pioneras en materia de arbitraje mercantil.
Además, el caso español no es ajeno en el contexto internacional, de modo que el 81% de las Cámaras de Comercio europeas ejerce actividades de mediación y arbitraje, constituyéndose en algunos casos como el canal obligatorio para la resolución de determinados conflictos mercantiles, como en Francia o Italia.
Por todos estos motivos, las Cámaras de Comercio están hoy en condiciones de prestar un servicio insustituible de apoyo a las empresas en la resolución de sus litigios civiles y mercantiles.
Como corporaciones de derecho público y organismos intermedios de la Administración, las Cámaras están dispuestas a jugar un papel cada vez más activo en defensa de los intereses generales.
Su cercanía y conocimiento de la realidad de cada territorio del país, así como la garantía de independencia, otorga a las Cámaras una posición privilegiada para servir de cauce entre las empresas y las Administraciones Públicas y seguir aportando soluciones en la búsqueda de la mayor competitividad y cohesión económica y social de España.