La Cámara ha acogido una jornada sobre cumplimiento normativo o Compliance
Huesca. 20.06.2024.- La prevención y el análisis de riesgos se revelan como las principales armas a utilizar por las empresas para no incurrir en incumplimientos normativos que pueden suponer para las empresas desde una simple sanción administrativa hasta una incriminación penal. Así ha quedado de manifiesto en la jornada “Cumplimento normativo en pymes en España-Aragón” que se ha celebrado hoy en la Cámara de Comercio de Huesca, con Andrea Moreno, CEO de la empresa PetroShore Compliance SL, como ponente. Paula Lacasa, responsable de la Asesoría Jurídica de la Cámara, ha presentado la sesión, llamando la atención sobre el creciente interés de este asunto entre las pymes de la provincia.
El cumplimiento normativo (Compliance) implica a todas las empresas, independientemente de su dimensión o sector de actividad, y supone cumplir tanto con la legislación aplicable (nacional, autonómica, sectorial…) como al propio código ético interno o normas propias que se haya podido autoexigir.
El alcance del cumplimiento normativo, ha explicado Moreno, abarca desde la protección de datos personales a los criterios ESG de factores ambientales y sociales, pasando por la igualdad, los delitos empresariales, la fiscalidad, los riesgos laborales, la prevención contra el blanqueo de capitales y la normativa sectorial.
Un incumplimiento, puede tener serias consecuencias. “Los problemas para las empresas pueden ser daños de reputación si el asunto se ve reflejado en la prensa, una sanción administrativa, el cierre de actividad, imposibilidad de acceder a concursos o a líneas de ayudas y subvenciones, o la incriminación penal”, ha indicado Andrea Moreno. La CEO de PetroShore Compliance ha advertido de que determinados incumplimientos pueden terminar incluso en el cierre de la empresa al no poder hacer frente.
Asimismo, entre otras consideraciones, Moreno ha llamado la atención sobre el artículo 31 bis del Código Penal, sobre la responsabilidad jurídica de las empresas. En concreto, este artículo establece que “En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”.
